¿Por qué afirmamos que la Ley General sobre desaparición forzada y desaparición por particulares, aprobada en el Senado, puede y debe mejorarse?

La próxima aprobación de la Ley General sobre desaparición forzada y desaparición por particulares en la Cámara de diputados representa un pequeño paso adelante, sí, pero insuficiente dado la gravedad de las desapariciones forzadas en México, por ello como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada estamos exigiendo que se hagan las modificaciones pertinentes para que realmente sea un instrumento de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.

La necesidad y la urgencia de una Ley General no está en duda, como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada hemos luchando para que se haga realidad desde el 2010, es decir, desde hace 7 años ha sido una de las principales demandas de la Campaña e incluso realizamos una propuesta de Ley General que fue presentada al Senado en 2015 y en el Cámara de diputados en el 2016.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada participamos, en los últimos dos años, en las mesas de discusión en el Senado y con el gobierno federal, luchando en todo momento para que quedará plasmada en la Ley General las necesidades de las víctimas de desaparición forzada y los más altos estándares internacionales en derechos humanos, sin embargo, tal y como quedó la Ley General dista mucho de lo que las organizaciones de víctimas y de derechos humanos planteamos que debería incluir.

El gobierno federal, desde un inicio, utilizó el chantaje para que se aceptara su propuesta de Ley General argumentando que si no se aprobaba tal y como ellos planteaban no se iba a aprobar ninguna Ley. Que era mejor “tener algo que perderlo todo”, tratando en todo momento de generar culpa a las familias en dado caso de que el gobierno decidiera no aprobarla dadas las “exigencias irrealizables” de las víctimas y organizaciones.

El Estado mexicano es el único responsable de las desapariciones forzadas en el país. La carencia de una legislación adecuada para prevenir, investigar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos es responsabilidad exclusiva de los gobiernos en turno. Incluso, si el Gobierno no tuviera como política de Estado la desaparición forzada de personas no hubiera necesidad de Legislar en la materia. Bastaría con la voluntad política de dejar de desaparecer y de sancionar a los responsables para iniciar el camino de la verdad y la justicia.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada no tenemos la intención de impedir que los diputados aprueben la Ley General, pero sí, el 7 de septiembre, frente a la Cámara de diputados, vamos a dejar claro que esa ley no es la Ley que necesita el país, que es insuficiente y que se queda corta ante la realidad de miles de desparecidos. Y vamos a dejar claro también que, si hubiera voluntad política, mínimo, modificarían el capítulo respecto a la Comisión Nacional de Búsqueda para que quedará tal y como lo propusieron las familias y las organizaciones de derechos humanos que hicieron ese planteamiento.

Sabemos que familiares de víctimas de desaparición que no son parte de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada también ven en La Ley General aprobada por el Senado una simulación por parte del Estado y queremos decirles que coincidimos plenamente con ese planteamiento.

Si el Estado no aprueba la Ley General será únicamente responsabilidad de él, de nadie más. ¿Podrían los diputados mejorar la Ley General?, por supuesto que sí, que lo hagan les compete a ellos. Pero nosotros como Campaña jamás aceptaremos el chantaje y la amenaza de que, por luchar, por movilizarnos o por protestar se dejará al país sin una legislación adecuada respecto a las desapariciones forzadas, puesto que desde 1999 la demanda de contar con una Ley ha sido una constante.

Jamás dejaremos de luchar por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, puesto que las víctimas de desaparición forzada son de todo el pueblo y sólo el pueblo organizado y en lucha podrá lograr verdad, memoria, justicia, reparación integral y medidas de no repetición, lo cual se traduce en el cambio de las estructuras económicas y políticas que permiten las graves violaciones a los derechos humanos.

Las familias de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares e indígenas que conformamos la Campaña respetamos el pensar de otras familias y organizaciones puesto que la demanda central es la misma: presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada.

Entendemos que muchas organizaciones y organismos internacionales ven como un paso positivo la aprobación de la Ley general y no podría ser de otra manera pues respecto a lo que estamos viviendo representa una mejoría, al menos, en el papel, aunque, justo, es decir, que su viabilidad ha sido producto de la lucha y la exigencia, no una dádiva del Estado. Sin embargo, nosotros pensamos que ese paso positivo no sólo es insuficiente, sino que, como muchas otras leyes que se han creado, como Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Ley General de Víctimas no sólo son leyes con las cuales el gobierno presume su preocupación y atención al tema, si no que no han sido suficientes para impedir el incremento de Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ataques y hostigamiento en contra de personas defensoras de derechos humanos y víctimas.

Somos conscientes que el Gobierno federal intentará revertir en la Cámara de diputados algunos de los aspectos positivos de la Ley General por lo cual estaremos dando la lucha para que se mantenga lo positivo, se mejore en donde hay carencias e insuficiencias y de ninguna manera se retroceda.

Como Campaña reiteramos que continuaremos insistiendo en nuestras exigencias hasta el último momento, como lo hemos hecho desde hace 7 años. La legislación que necesita el país y las familias no es aquella en la que se perpetúa la impunidad y mucho menos en la que se regatean los mecanismos necesarios para garantizar una búsqueda efectiva y acceder realmente a la verdad y la justicia.

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos René Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

¡Los detenidos desaparecidos son del pueblo!
!Vivos se los llevaron, vivos los queremos¡
!No avalamos la Ley General del PRI, PAN y PRD¡
¡Sí a la Ley General elaborada por las familias, organizaciones de derechos humanos y populares¡

Atentamente

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C., Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM).